Nuestros argumentos

El sistema de protección social del País Vasco es considerado uno de los más avanzados y solidarios de España. De hecho, Euskadi concentra el 40% de las rentas mínimas de inserción que se dan en todo el Estado español, si bien representa el 4,5% de toda la población. Nadie por tanto puede cuestionar el esfuerzo que realizamos los ciudadanos vascos por sostener un sistema del que durante años nos hemos sentido orgullosos por su cobertura y respaldo a quienes padecen situaciones de mayor necesidad.Precisamente esta defensa de la vocación solidaria y de acogida del País Vasco nos impulsa a ser cada día más exigentes a la hora de mantener los niveles de bienestar y calidad de vida de los que ha gozado de manera tradicional este territorio.

La crisis económica que padecemos en los últimos años ha venido también acompañada de una crisis social, que ha convertido en más imprescindible que nunca un sistema de protección que supera los 65.000 perceptores de ayudas sociales. Ahora bien, la menor capacidad de recursos disponibles como consecuencia de esta crisis económica nos obliga a ser especialmente escrupulosos en la gestión del dinero público, para evitar los fallos que ahora mismo presenta el sistema y que han provocado una “fuga” en los últimos tres años de 86 millones de euros por pagos indebidos en ayudas sociales, casi 21 millones de ellos por fraude e irregularidades, según los datos ofrecidos por el propio Gobierno vasco.

Creemos por tanto que nuestro modelo de protección social debe adaptarse a una exigencia social mayoritaria, que defiende la solidaridad como una de nuestras señas de identidad, pero también el rigor y la eficiencia en la gestión del dinero público. Con una reforma del sistema que garantice una optimización de los recursos públicos, será posible eliminar situaciones de injusticia e incorporar al sistema a numerosas personas que, pese a constatar una situación de vulnerabilidad, ahora mismo no pueden acceder a las ayudas sociales.

En el año 2012 el Servicio Vasco de Empleo Lanbide asumió la gestión de las ayudas sociales (Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda), con el objetivo de conectar estas prestaciones económicas con los itinerarios de inserción laboral. Sin embargo, Lanbide ofrece un pésimo balance de resultados, puesto que sólo gestiona un 2,1% de los contratos registrados con personas inscritas como demandantes de empleo. Un fracaso que supone la puntilla para un sistema que, lejos de ofrecer una salida, convierte a muchos perceptores en dependientes crónicos del sistema. Creemos que es el momento de ser ambiciosos y no conformarnos con un modelo de subsidios vitalicios que suplante el verdadero objetivo de nuestra sociedad de bienestar, que es ofrecer oportunidades de futuro para todos los ciudadanos.

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